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Línea fina del analista y político
En entredicho la neutralidad del análisis del posible aspirante electoral
El Partido Popular Democrático aún no tiene un candidato para alcalde de San Juan, la ciudad capital. (Archivo El Nuevo Día / Dennis M. Rivera)
Por israel rodríguez sánchez / israel.rodriguez@elnuevodia.com
El brinco que consideran dar varios analistas políticos a la política electiva del 2012 plantea, como mínimo, la interrogante sobre la neutralidad de sus comentarios sobre el acontecer político del País.
El analista político Ferdinand Mercado no es el único que evalúa aspirar a un puesto electivo en las próximas elecciones generales por el Partido Popular Democrático (PPD). Anoche, su homólogo novoprogresista José Sánchez Acosta confirmó que “por primera vez en mi vida analizo con seriedad y entusiasmo una candidatura” al Senado.
Mientras, el analista popular Ángel Rosa mueve sus fichas para aspirar al Senado por acumulación, supo este diario. Rosa no contestó ayer varias llamadas y mensajes de texto.
“Lo importante es que las líneas estén claramente definidas. Lo que usted no debe es ser analista o comentarista político y protagonista político al mismo tiempo porque llegará el momento en que tendrá que analizarse usted mismo. Yo creo que eso se debe evitar”, dijo el analista Néstor Duprey.
Según Duprey, el tránsito de analistas que se mueven al mundo de las candidaturas o de políticos que se convierten en analistas no se puede negar. “Entre los analistas lo hemos mencionado. Es innegable que existe ese tránsito”, reconoció el exsecretario de la Cámara de Representantes.
Duprey aspiró a un escaño legislativo en el pasado y no fue favorecido. Pero dijo que desde que pasó al mundo del análisis noticioso ha tratado de que su participación en la política activa sea mínima “porque todo el mundo sabe que yo soy popular, por lo menos hasta ahora”.
Duprey sostuvo que, si en algún momento decidiera aspirar, abandonaría de inmediato su posición como analista. “Es inevitable el conflicto. La realidad es que debe haber un periodo de transición”, expuso.
Cero conflicto
Para el profesor Víctor Rivera Hernández, quien sostuvo que se ha convertido en un analista a petición de los medios que lo consultan sobre el acontecer noticioso, no se vulnera ningún principio o precepto ético cuando un analista de noticias de corte político incursiona en la política activa.
“No existe ni un conflicto de interés, ni una apariencia de conflicto de interés, máxime cuando Ferdinand Mercado, Ángel Rosa y José Sánchez Acosta no han prescindido de sus ideales políticos para ser analistas”, dijo Rivera Hernández.
Sostuvo, además, que “políticamente hablando, el País preferiría tenerlos como incumbentes que tenerlos como analistas políticos”.
Sánchez Acosta, por su parte, indicó que una candidatura a un puesto electivo le da la libertad que no puede tener como analista objetivo y ecuánime. “La naturaleza del ser humano no es la objetividad, es la subjetividad. Como analista, uno se ve privado de eso”, expresó Sánchez Acosta.
En ese sentido, el abogado estadista opinó que el analista y aspirante Ángel Rosa “no se está privando de nada en este momento”.
“Ya desistió de su objetividad en los últimos meses. Siempre lo he escuchado y es totalmente distinto a lo que hacía años atrás”, añadió.
Al igual que Duprey, fue enfático en que es incompatible ser analista político y candidato al mismo tiempo. “A veces escuchas a políticos haciendo análisis, pero no son analistas, son abogados de sus causas”, indicó.
Más profundidad
Distinto de Sánchez Acosta, el exvicepresidente de la Cámara y excandidato a alcalde de San Juan, Ferdinand Pérez, sostuvo que su incursión como analista político en radio y televisión le ha dado oportunidades que no tuvo cuando se desempeñó como político.
Se refirió a que como analista puede profundizar en una diversidad de temas y elaborar más sus ideas para que el País sepa como él piensa. Ahora, dijo, reconoce sin problemas las ideas del adversario y puede entablar diálogos productivos con la oposición.
“En muy raras ocasiones tuve esa oportunidad desde la política. Desde la tarima tú tampoco puedes desarrollar una temática profunda, la tarima es para el ataque al adversario”, expuso.
Mercado, entretanto, no ve nada negativo en que un analista se plantee incursionar en la política activa. “Sé lo difícil que es analizar una situación, una noticia en particular, y no poder hacer cambios directos sobre esa noticia directa que azota a Puerto Rico”, dijo.
“Yo creo que si toman la decisión de participar (en la política electoral) es adecuado y beneficioso para todo Puerto Rico”, señaló Mercado. Aclaró que su caso es distinto porque del gobierno y la política pasó al análisis de las noticiashttp://www.elnuevodia.com/lineafinadelanalistaypolitico-1021556.html
El analista político Ferdinand Mercado no es el único que evalúa aspirar a un puesto electivo en las próximas elecciones generales por el Partido Popular Democrático (PPD). Anoche, su homólogo novoprogresista José Sánchez Acosta confirmó que “por primera vez en mi vida analizo con seriedad y entusiasmo una candidatura” al Senado.
Mientras, el analista popular Ángel Rosa mueve sus fichas para aspirar al Senado por acumulación, supo este diario. Rosa no contestó ayer varias llamadas y mensajes de texto.
“Lo importante es que las líneas estén claramente definidas. Lo que usted no debe es ser analista o comentarista político y protagonista político al mismo tiempo porque llegará el momento en que tendrá que analizarse usted mismo. Yo creo que eso se debe evitar”, dijo el analista Néstor Duprey.
Según Duprey, el tránsito de analistas que se mueven al mundo de las candidaturas o de políticos que se convierten en analistas no se puede negar. “Entre los analistas lo hemos mencionado. Es innegable que existe ese tránsito”, reconoció el exsecretario de la Cámara de Representantes.
Duprey aspiró a un escaño legislativo en el pasado y no fue favorecido. Pero dijo que desde que pasó al mundo del análisis noticioso ha tratado de que su participación en la política activa sea mínima “porque todo el mundo sabe que yo soy popular, por lo menos hasta ahora”.
Duprey sostuvo que, si en algún momento decidiera aspirar, abandonaría de inmediato su posición como analista. “Es inevitable el conflicto. La realidad es que debe haber un periodo de transición”, expuso.
Cero conflicto
Para el profesor Víctor Rivera Hernández, quien sostuvo que se ha convertido en un analista a petición de los medios que lo consultan sobre el acontecer noticioso, no se vulnera ningún principio o precepto ético cuando un analista de noticias de corte político incursiona en la política activa.
“No existe ni un conflicto de interés, ni una apariencia de conflicto de interés, máxime cuando Ferdinand Mercado, Ángel Rosa y José Sánchez Acosta no han prescindido de sus ideales políticos para ser analistas”, dijo Rivera Hernández.
Sostuvo, además, que “políticamente hablando, el País preferiría tenerlos como incumbentes que tenerlos como analistas políticos”.
Sánchez Acosta, por su parte, indicó que una candidatura a un puesto electivo le da la libertad que no puede tener como analista objetivo y ecuánime. “La naturaleza del ser humano no es la objetividad, es la subjetividad. Como analista, uno se ve privado de eso”, expresó Sánchez Acosta.
En ese sentido, el abogado estadista opinó que el analista y aspirante Ángel Rosa “no se está privando de nada en este momento”.
“Ya desistió de su objetividad en los últimos meses. Siempre lo he escuchado y es totalmente distinto a lo que hacía años atrás”, añadió.
Al igual que Duprey, fue enfático en que es incompatible ser analista político y candidato al mismo tiempo. “A veces escuchas a políticos haciendo análisis, pero no son analistas, son abogados de sus causas”, indicó.
Más profundidad
Distinto de Sánchez Acosta, el exvicepresidente de la Cámara y excandidato a alcalde de San Juan, Ferdinand Pérez, sostuvo que su incursión como analista político en radio y televisión le ha dado oportunidades que no tuvo cuando se desempeñó como político.
Se refirió a que como analista puede profundizar en una diversidad de temas y elaborar más sus ideas para que el País sepa como él piensa. Ahora, dijo, reconoce sin problemas las ideas del adversario y puede entablar diálogos productivos con la oposición.
“En muy raras ocasiones tuve esa oportunidad desde la política. Desde la tarima tú tampoco puedes desarrollar una temática profunda, la tarima es para el ataque al adversario”, expuso.
Mercado, entretanto, no ve nada negativo en que un analista se plantee incursionar en la política activa. “Sé lo difícil que es analizar una situación, una noticia en particular, y no poder hacer cambios directos sobre esa noticia directa que azota a Puerto Rico”, dijo.
“Yo creo que si toman la decisión de participar (en la política electoral) es adecuado y beneficioso para todo Puerto Rico”, señaló Mercado. Aclaró que su caso es distinto porque del gobierno y la política pasó al análisis de las noticiashttp://www.elnuevodia.com/lineafinadelanalistaypolitico-1021556.html
Ultimátum ambientalista contra el Colegio de Médicos Cirujanos
Grupo le exige que den a conocer informe sobre los peligros del gasoducto
El gasoducto pasaría a poca distancia de la comunidad de Levittown en Toa Baja. (Archivo/ Especial END/ Alberto Bartolomei)
Por Keila López Alicea/ keila.lopez@elnuevodia.com
El grupo Toabajeños contra el Gasoducto le exigió ayer al Colegio de Médicos Cirujanos que de a conocer el informe realizado por el Comité de Recursos Ambientales en torno al gasoducto en el cual aseguran que se destaca que el proyecto representa un peligro para la salud del pueblo.
En una misiva que le enviaron ayer a la presidenta de la institución, Alicia Feliberti, el grupo responsabilizó en parte al Colegio de Médicos Cirujanos por la conclusión que se esboza en el borrador de la Evaluación Ambiental publicada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El documento ambiental indica que “no hay evidencia científica” que demuestre que el gasoducto representa un riesgo para las personas que viven cerca de la ruta del tubo.
“No es justo que nuestros vecinos de Levittown sean condenados a un peligro de muerte permanente, mientras la institución que tiene la función principal de preservar la salud de nuestro pueblo hace mutis ante su responsabilidad”, lee la misiva.
El grupo destacó que no tienen el dinero suficiente para contratar consultores y científicos externos que evalúen los daños que el gasoducto causaría en sus comunidades, por lo que requieren de la asistencia de los colegios y organizaciones profesionales.
“Necesitamos el apoyo y solidaridad de los colegios, de los académicos y de todo profesional que pueda aportar desinteresadamente a nuestra lucha. Siendo el aspecto de la salud tan fundamental en la discusión y análisis del proyecto del gasoducto, esperamos que los médicos -como institución- estén en la primera fila de la solidaridad”, expresó el colectivo en la comunicación escrita.
Por otro lado, la entidad Casa Pueblo dirige el esfuerzo para intentar lograr que el Cuerpo de Ingenieros traduzca del inglés al español la Evaluación Ambiental de modo que un mayor número de puertorriqueños pueda comprenderla.
La campaña exhorta a las personas a enviar correos electrónicos con la petición al gerente del gasoducto en el distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros, Robert Barron, y le da un plazo de 30 días para que se complete la traducción.
“Rehusarse a traducir este documento constituiría un acto de injusticia y una violación a los derechos constitucionales de los residentes de Puerto Rico que le permiten expresarse en un asunto que perjudica sus vidas, su salud, su seguridad, su bienestar económico y su futuro”, lee el mensaje que se le estaría enviando a Barron.http://www.elnuevodia.com/ultimatumambientalistacontraelcolegiodemedicoscirujanos-1136789.html
En una misiva que le enviaron ayer a la presidenta de la institución, Alicia Feliberti, el grupo responsabilizó en parte al Colegio de Médicos Cirujanos por la conclusión que se esboza en el borrador de la Evaluación Ambiental publicada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El documento ambiental indica que “no hay evidencia científica” que demuestre que el gasoducto representa un riesgo para las personas que viven cerca de la ruta del tubo.
“No es justo que nuestros vecinos de Levittown sean condenados a un peligro de muerte permanente, mientras la institución que tiene la función principal de preservar la salud de nuestro pueblo hace mutis ante su responsabilidad”, lee la misiva.
El grupo destacó que no tienen el dinero suficiente para contratar consultores y científicos externos que evalúen los daños que el gasoducto causaría en sus comunidades, por lo que requieren de la asistencia de los colegios y organizaciones profesionales.
“Necesitamos el apoyo y solidaridad de los colegios, de los académicos y de todo profesional que pueda aportar desinteresadamente a nuestra lucha. Siendo el aspecto de la salud tan fundamental en la discusión y análisis del proyecto del gasoducto, esperamos que los médicos -como institución- estén en la primera fila de la solidaridad”, expresó el colectivo en la comunicación escrita.
Por otro lado, la entidad Casa Pueblo dirige el esfuerzo para intentar lograr que el Cuerpo de Ingenieros traduzca del inglés al español la Evaluación Ambiental de modo que un mayor número de puertorriqueños pueda comprenderla.
La campaña exhorta a las personas a enviar correos electrónicos con la petición al gerente del gasoducto en el distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros, Robert Barron, y le da un plazo de 30 días para que se complete la traducción.
“Rehusarse a traducir este documento constituiría un acto de injusticia y una violación a los derechos constitucionales de los residentes de Puerto Rico que le permiten expresarse en un asunto que perjudica sus vidas, su salud, su seguridad, su bienestar económico y su futuro”, lee el mensaje que se le estaría enviando a Barron.http://www.elnuevodia.com/ultimatumambientalistacontraelcolegiodemedicoscirujanos-1136789.html
Sila Mari crítica administración por no atender la corrupción en Educación
Dice que la delegación del PNP en el Senado nunca aprobó sus medidas para investigar las subastas en Educación
Por El Nuevo Dia
La senadora popular Sila Mari González declaró hoy que los arrestos federales en el Departamento de Educación son muestra de la incapacidad de esta administración para hacerle frente a la corrupción en esa agencia.
La también portavoz de la Comisión de Educación del Senado censuró además que la mayoría nuevoprogresista en el Senado se haya negado a investigar la conducta ilegal que impera en el Departamento de Educación.
"Estos arrestos federales en el Departamento de Educación evidencian otro fracaso más de la Administración Fortuño. Evidentemente, el Gobernador y el Secretario de Educación no han hecho su trabajo para defender los fondos para la educación de nuestros niños y jóvenes. Han dejado que se manipulen los procedimientos internos y no han establecido controles que aseguren absoluta ética y transparencia en la administración de los fondos públicos. En un informe del 1 de octubre de 2009, un funcionario de la Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federales advirtió que la selección de servicios profesionales financiados con fondos federales no se estaba realizando en el Departamento de Educación de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables. Sin embargo, la Administración Fortuño optó por ignorar las determinaciones de este empleado y evadir los mecanismos de control internos establecidos hasta ese momento,” señaló González Calderón.
Según la senadora recordó que un funcionario que estuvo encargado de las compras de Educación a nivel central denunció públicamente que con la Ley Número 7, la Administración actual creó un estado de emergencia para evitar llevar los contratos a subasta.
González Calderón dijo que ese mismo funcionario cuestionó además que se hicieran compras millonarias que debieron ir a subasta, las cuales no fueron sometidas a este proceso.
"No obstante, sus denuncias tampoco fueron atendidas. Este Gobierno ha permitido que la corrupción arrope nuevamente al Departamento de Educación,” indicó González Calderón.
La senadora reveló que ha radicado en el Senado de Puerto Rico 4 medidas legislativas, 3 de las cuales fueron rechazadas por la mayoría PNP, en las que se proponía que se investigara el mal uso de fondos federales de Título 1 y fondos ARRA, y la otorgación ilegal de contratos.
“La Mayoría PNP en el Senado ha tenido múltiples oportunidades para investigar la corrupción, la otorgación ilegal de contratos y el mal uso de los fondos federales por parte del Departamento de Educación. Sin embargo, todo este tiempo ha decidido tirarle la toalla al Secretario de Educación. Su obstinación ha permitido que funcionarios y empleados del Departamento de Educación continuaran robándose el dinero que les correspondía a los niños y jóvenes puertorriqueños", sentenció la Senadora popular.
La Resolución del Senado 613 que radicó en agosto del 2009, ordenaba una investigación sobre alegaciones de mal uso de fondos federales del Programa de Título I para el pago de eventos en las escuelas públicas del País. Dicha medida fue rechazada en agosto del 2010 por la Comisión de Asuntos Internos que preside la senadora Margarita Nolasco.
La Resolución del Senado 940 que presentó en febrero del 2010, ordenaba una investigación en torno a las irregularidades, falta de controles y de supervisión adecuada de los fondos ARRA. Dicha medida igualmente fue rechazada por la Comisión de Asuntos Internos.
La Resolución del Senado 1427 que radicó en julio del 2010, proponía que el Senado investigara el otorgamiento por parte del Departamento de Educación de contratos millonarios sufragados con fondos federales en el año 2009-2010, sin mediar un proceso competitivo, sin celebrar subastas y en violación a los procesos establecidos para la adjudicación de fondos federales. Esta investigación tampoco se realizó porque también recibió un Informe Negativo de la Comisión de Asuntos Internos.
La Resolución del Senado 1840, que actualmente está pendiente ante el Senado, requiere un desglose detallado de los fondos ARRA asignados, desembolsados y por desembolsar al Departamento de Educación, de los trabajos que se han realizado por escuela, el contratista que efectuó la obra, las subastas celebradas y las obras proyectadas. Dicha medida se encuentra engavetada, desde enero del 2011 en la Comisión de Asuntos Internos.
“El PNP en el Senado es igualmente responsable y cómplice de esta corrupción. Desde su Presidente, que defiende a criminales y presiona a funcionarios públicos para que no cumplan con su deber, y su Vicepresidenta que protege al Secretario de Educación porque era el Presidente de la Asamblea Municipal cuando ella era Alcaldesa. Le hago un llamado nuevamente a este Senado para que apruebe la medida de mi autoría, para el País pueda finalmente saber cómo se han gastado los fondos ARRA,” indicó la Legisladora.
La también portavoz de la Comisión de Educación del Senado censuró además que la mayoría nuevoprogresista en el Senado se haya negado a investigar la conducta ilegal que impera en el Departamento de Educación.
"Estos arrestos federales en el Departamento de Educación evidencian otro fracaso más de la Administración Fortuño. Evidentemente, el Gobernador y el Secretario de Educación no han hecho su trabajo para defender los fondos para la educación de nuestros niños y jóvenes. Han dejado que se manipulen los procedimientos internos y no han establecido controles que aseguren absoluta ética y transparencia en la administración de los fondos públicos. En un informe del 1 de octubre de 2009, un funcionario de la Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federales advirtió que la selección de servicios profesionales financiados con fondos federales no se estaba realizando en el Departamento de Educación de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables. Sin embargo, la Administración Fortuño optó por ignorar las determinaciones de este empleado y evadir los mecanismos de control internos establecidos hasta ese momento,” señaló González Calderón.
Según la senadora recordó que un funcionario que estuvo encargado de las compras de Educación a nivel central denunció públicamente que con la Ley Número 7, la Administración actual creó un estado de emergencia para evitar llevar los contratos a subasta.
González Calderón dijo que ese mismo funcionario cuestionó además que se hicieran compras millonarias que debieron ir a subasta, las cuales no fueron sometidas a este proceso.
"No obstante, sus denuncias tampoco fueron atendidas. Este Gobierno ha permitido que la corrupción arrope nuevamente al Departamento de Educación,” indicó González Calderón.
La senadora reveló que ha radicado en el Senado de Puerto Rico 4 medidas legislativas, 3 de las cuales fueron rechazadas por la mayoría PNP, en las que se proponía que se investigara el mal uso de fondos federales de Título 1 y fondos ARRA, y la otorgación ilegal de contratos.
“La Mayoría PNP en el Senado ha tenido múltiples oportunidades para investigar la corrupción, la otorgación ilegal de contratos y el mal uso de los fondos federales por parte del Departamento de Educación. Sin embargo, todo este tiempo ha decidido tirarle la toalla al Secretario de Educación. Su obstinación ha permitido que funcionarios y empleados del Departamento de Educación continuaran robándose el dinero que les correspondía a los niños y jóvenes puertorriqueños", sentenció la Senadora popular.
La Resolución del Senado 613 que radicó en agosto del 2009, ordenaba una investigación sobre alegaciones de mal uso de fondos federales del Programa de Título I para el pago de eventos en las escuelas públicas del País. Dicha medida fue rechazada en agosto del 2010 por la Comisión de Asuntos Internos que preside la senadora Margarita Nolasco.
La Resolución del Senado 940 que presentó en febrero del 2010, ordenaba una investigación en torno a las irregularidades, falta de controles y de supervisión adecuada de los fondos ARRA. Dicha medida igualmente fue rechazada por la Comisión de Asuntos Internos.
La Resolución del Senado 1427 que radicó en julio del 2010, proponía que el Senado investigara el otorgamiento por parte del Departamento de Educación de contratos millonarios sufragados con fondos federales en el año 2009-2010, sin mediar un proceso competitivo, sin celebrar subastas y en violación a los procesos establecidos para la adjudicación de fondos federales. Esta investigación tampoco se realizó porque también recibió un Informe Negativo de la Comisión de Asuntos Internos.
La Resolución del Senado 1840, que actualmente está pendiente ante el Senado, requiere un desglose detallado de los fondos ARRA asignados, desembolsados y por desembolsar al Departamento de Educación, de los trabajos que se han realizado por escuela, el contratista que efectuó la obra, las subastas celebradas y las obras proyectadas. Dicha medida se encuentra engavetada, desde enero del 2011 en la Comisión de Asuntos Internos.
“El PNP en el Senado es igualmente responsable y cómplice de esta corrupción. Desde su Presidente, que defiende a criminales y presiona a funcionarios públicos para que no cumplan con su deber, y su Vicepresidenta que protege al Secretario de Educación porque era el Presidente de la Asamblea Municipal cuando ella era Alcaldesa. Le hago un llamado nuevamente a este Senado para que apruebe la medida de mi autoría, para el País pueda finalmente saber cómo se han gastado los fondos ARRA,” indicó la Legisladora.
Hallan justificación para achicar la UPR luego del informe de Moodys
Dos economistas analizan la decisión de Moody's de degradar el crédito de la UPR
La Junta de Síndicos de la UPR iniciará una campaña mediática para atraer nuevos estudiantes a la institución. (El Nuevo Día / Ángel M. Rivera )
Por Cynthia López Cabán / End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
La degradación del crédito de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por parte de la agencia acreditadora Moody’s Investors Services podría usarse de justificación para que la gerencia de la institución continúe recortando clases, fusionando programas y congelando plazas, coincidieron los economistas Carlos Colón de Armas y Argeo Quiñones Pérez.
En entrevista con El Nuevo Día para analizar el informe, los catedráticos del Recinto de Río Piedras indicaron que esta determinación encarecerá el costo de tomar prestado para la UPR.
Aseguraron también que la situación fiscal de la institución sigue precaria a pesar del plan de estabilización fiscal de la administración.
El pasado 22 de noviembre, Moody´s degradó los bonos con fondos garantizados de Baa1 a Baa2 y devaluó los bonos serie 2000A, cuya fuente de repago proviene de ingresos de arrendamiento de la UPR, de la clasificación Baa2 a Baa3.
“La degradación de la UPR refleja la degradación de la clasificación del Gobierno de Puerto Rico a Baa1 y su perspectiva negativa, que provee cerca del 75% de los recaudos operacionales de la Universidad, junto a un estado de situación muy débil y una liquidez extremadamente pequeña”, reza la decisión de Moody's.
El lenguaje “ofrece una justificación para reducir la UPR”, afirmó Quiñones, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.
En la página 2, el informe además consignó que la UPR inició una evaluación de los programas académicos para determinar cuáles se podían eliminar o consolidar y aumentó el cupo de estudiantes por clase.
“Anticipo que esta opinión se pueda usar como excusa para ciertas decisiones. No me sorprendería que se use para cancelar secciones y programas”, señaló Colón de Armas, profesor de Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas, al tiempo que dijo que en el último proceso de prematrícula hubo una merma significativa de clases.
Mirada al financiamiento
Pero las observaciones de Moody´s también podrían allanar el camino para cambiar la forma de financiamiento del sistema universitario público. La UPR recibe el 9.6% de los ingresos que entran al fondo general los dos años previos al momento del cálculo.
Ante el planteamiento de dependencia podría surgir una propuesta para reducir la aportación estatal y obligar a la institución a buscar fuentes alternas de ingresos como alzar los costos de matrícula u obligar a los Departamentos a aumentar sus ingresos de propuestas “como condición para su existencia”, según Quiñones.
Ambos economistas rechazaron las medidas fiscales propuestas por la gerencia de la UPR para atender el déficit millonario que enfrenta la institución porque se vulnera la excelencia académica.
A cambio, Quiñones propuso realizar esfuerzos para recuperar los casi $300 millones que la UPR tiene en cuentas por cobrar y que ayudarían a aliviar el problema de flujo de efectivo.
Colón de Armas, por su parte, recomendó aumentar el número de estudiantes, pero no bajando los índices de admisión, sino recuperando a los alumnos que abandonaron el sistema.
Para el semestre en curso, la UPR calculó una matrícula de 57,000 estudiantes, según Moody´s. Esta cifra constituye una merma dramática de los 65,669 estudiantes que había en el año fiscal 2009-2010.
Colón de Armas, uno de los autores de “La Universidad: Sumando Ganamos Todos” también volvió a plantear una de las sugerencias de dicha propuesta: estabilizar las finanzas de la UPR con una asignación gubernamental de $150 millones para luego, en un ambiente de confianza, iniciar un diálogo en la comunidad universitaria para discutir e identificar las medidas fiscales para esta crisis.
Además, planteó que la nueva presidencia de Luis Berríos en la Junta de Síndicos ofrece una posibilidad para cambiar el rumbo de la institución.
“Creo que Luis Berríos sería una agente catalítico para cambiar el enfoque actual” afirmó Colón de Armas
No se afectó la calidad
Berríos rechazó la reducción en los cursos y secciones y el deterioro en la calidad académica de la institución.
“Es un hecho que hay menos estudiantes y eso muchas personas se lo adjudican al conflicto (estudiantil), porque históricamente se reduce la matrícula después de una huelga. Si hay menos estudiantes, va a haber menos demanda de cursos”, dijo Berríos.
“He dialogado con el Presidente (Miguel Muñoz) y la rectora (Ana Guadalupe de Río Piedras) y me garantizan que mientras haya una demanda razonable los cursos se van a abrir, pero no puedes abrir un curso para dos estudiantes. No es viable ni económica ni académicamente”, agregó.
Sobre las medidas que podrían mejorar la salud fiscal de la UPR, mencionó una ley aprobada recientemente para que los ciudadanos puedan aportar dinero a través de la planilla.
Berríos también iniciará esfuerzos para lograr mayores aportaciones de la empresa privada y promoverá la UPR a través de una campaña de medios para aumentar la matrícula de estudiantes.
Tampoco descartó una revisión de la ley universitaria.
“Nuestra ley es antigua. Es de la década del 60. Hay que sentarse y mirar qué cambios se pueden hacer. Hay que sentarse con el Ejecutivo y el legislativo para ver cómo se pueden mejorar la economía y las finanzas de la UPR”, afirmó Berríos.
La UPR en números
74.7%
ingresos de la UPR que provienen del gobierno central
$671 millones en deuda acumulada$61.7 déficit millonario acumulado del Hospital de Carolina$125 millones en línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento para gasto operacionalesFuente: Moody´s Investor Service
En entrevista con El Nuevo Día para analizar el informe, los catedráticos del Recinto de Río Piedras indicaron que esta determinación encarecerá el costo de tomar prestado para la UPR.
Aseguraron también que la situación fiscal de la institución sigue precaria a pesar del plan de estabilización fiscal de la administración.
El pasado 22 de noviembre, Moody´s degradó los bonos con fondos garantizados de Baa1 a Baa2 y devaluó los bonos serie 2000A, cuya fuente de repago proviene de ingresos de arrendamiento de la UPR, de la clasificación Baa2 a Baa3.
“La degradación de la UPR refleja la degradación de la clasificación del Gobierno de Puerto Rico a Baa1 y su perspectiva negativa, que provee cerca del 75% de los recaudos operacionales de la Universidad, junto a un estado de situación muy débil y una liquidez extremadamente pequeña”, reza la decisión de Moody's.
El lenguaje “ofrece una justificación para reducir la UPR”, afirmó Quiñones, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.
En la página 2, el informe además consignó que la UPR inició una evaluación de los programas académicos para determinar cuáles se podían eliminar o consolidar y aumentó el cupo de estudiantes por clase.
“Anticipo que esta opinión se pueda usar como excusa para ciertas decisiones. No me sorprendería que se use para cancelar secciones y programas”, señaló Colón de Armas, profesor de Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas, al tiempo que dijo que en el último proceso de prematrícula hubo una merma significativa de clases.
Mirada al financiamiento
Pero las observaciones de Moody´s también podrían allanar el camino para cambiar la forma de financiamiento del sistema universitario público. La UPR recibe el 9.6% de los ingresos que entran al fondo general los dos años previos al momento del cálculo.
Ante el planteamiento de dependencia podría surgir una propuesta para reducir la aportación estatal y obligar a la institución a buscar fuentes alternas de ingresos como alzar los costos de matrícula u obligar a los Departamentos a aumentar sus ingresos de propuestas “como condición para su existencia”, según Quiñones.
Ambos economistas rechazaron las medidas fiscales propuestas por la gerencia de la UPR para atender el déficit millonario que enfrenta la institución porque se vulnera la excelencia académica.
A cambio, Quiñones propuso realizar esfuerzos para recuperar los casi $300 millones que la UPR tiene en cuentas por cobrar y que ayudarían a aliviar el problema de flujo de efectivo.
Colón de Armas, por su parte, recomendó aumentar el número de estudiantes, pero no bajando los índices de admisión, sino recuperando a los alumnos que abandonaron el sistema.
Para el semestre en curso, la UPR calculó una matrícula de 57,000 estudiantes, según Moody´s. Esta cifra constituye una merma dramática de los 65,669 estudiantes que había en el año fiscal 2009-2010.
Colón de Armas, uno de los autores de “La Universidad: Sumando Ganamos Todos” también volvió a plantear una de las sugerencias de dicha propuesta: estabilizar las finanzas de la UPR con una asignación gubernamental de $150 millones para luego, en un ambiente de confianza, iniciar un diálogo en la comunidad universitaria para discutir e identificar las medidas fiscales para esta crisis.
Además, planteó que la nueva presidencia de Luis Berríos en la Junta de Síndicos ofrece una posibilidad para cambiar el rumbo de la institución.
“Creo que Luis Berríos sería una agente catalítico para cambiar el enfoque actual” afirmó Colón de Armas
No se afectó la calidad
Berríos rechazó la reducción en los cursos y secciones y el deterioro en la calidad académica de la institución.
“Es un hecho que hay menos estudiantes y eso muchas personas se lo adjudican al conflicto (estudiantil), porque históricamente se reduce la matrícula después de una huelga. Si hay menos estudiantes, va a haber menos demanda de cursos”, dijo Berríos.
“He dialogado con el Presidente (Miguel Muñoz) y la rectora (Ana Guadalupe de Río Piedras) y me garantizan que mientras haya una demanda razonable los cursos se van a abrir, pero no puedes abrir un curso para dos estudiantes. No es viable ni económica ni académicamente”, agregó.
Sobre las medidas que podrían mejorar la salud fiscal de la UPR, mencionó una ley aprobada recientemente para que los ciudadanos puedan aportar dinero a través de la planilla.
Berríos también iniciará esfuerzos para lograr mayores aportaciones de la empresa privada y promoverá la UPR a través de una campaña de medios para aumentar la matrícula de estudiantes.
Tampoco descartó una revisión de la ley universitaria.
“Nuestra ley es antigua. Es de la década del 60. Hay que sentarse y mirar qué cambios se pueden hacer. Hay que sentarse con el Ejecutivo y el legislativo para ver cómo se pueden mejorar la economía y las finanzas de la UPR”, afirmó Berríos.
La UPR en números
74.7%
ingresos de la UPR que provienen del gobierno central
$671 millones en deuda acumulada$61.7 déficit millonario acumulado del Hospital de Carolina$125 millones en línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento para gasto operacionalesFuente: Moody´s Investor Service
Cuando te cría papá y papá
Cómo explicarle este tipo de familia a un menor
Thinkstock
Por Lissette Acevedo / ELNUEVODIA.COM
Hace años aprendíamos a leer de un libro que retrataba la familia ideal: un padre que trabajaba, una madre ama de casa, una hija y un hijo, un perro y un gato, y unos abuelos que cooperaban en la crianza.
Era la familia perfecta que lograba desayunar junta antes de irse a sus respectivos destinos y cenaba junta después de una jornada de trabajo. Por años, este fue el concepto de familia que dominaba la sociedad; sin embargo ahora hay que ajustarse a una nueva realidad: las familias no tradicionales.
Una familia tradicional no sólo se trata de una madre o un padre soltero con sus hijos ni de un familiar que no sea el padre criando unos menores. En este grupo también se incluyen parejas del mismo sexo formando una familia.
Para el grueso de la población, esta familia puede ser aberrante y hasta pecaminosa; no obstante, la realidad es que más familias no tradicionales continúan surgiendo y más públicas se hacen estas uniones. Poniendo a un lado todo tipo de juicio valorativo sobre las familias no tradicionales compuestas de padres del mismo sexo, la realidad es que la probabilidad de interactuar con este tipo de familia va a aumentar. La gran pregunta es ¿cómo explicarle a un menor que viene de una familia tradicional la naturaleza de una familia no tradicional?
Si es complicado explicarle a un menor lo que es la homosexualidad, exponerle que dos homosexuales criando unos niños es una familia es casi imposible.
Parte de la complejidad proviene de las percepciones que se tienen sobre estas personas. Para satisfacer la curiosidad de los niños, ayuda tener claro que las personas se aceptan por lo que son y no por la forma en que viven y esa es una lección que debemos pasar a las generaciones que se van levantando.
Otro concepto que facilita explicar porqué el compañero de clases tiene dos papás es recalcar que una familia es aquella en la que dos adultos responsables cuidan de unos menores en un ambiente de amor y apoyo.
La parte de la sexualidad no es necesaria para satisfacer la curiosidad de un niño sobre una familia; esa es una preocupación de los adultos. No importa si una pareja -tradicional o no tradicional- adopta y forma una familia, la motivación es la misma: una decisión de amor.
La autora es psicóloga clínica.
Era la familia perfecta que lograba desayunar junta antes de irse a sus respectivos destinos y cenaba junta después de una jornada de trabajo. Por años, este fue el concepto de familia que dominaba la sociedad; sin embargo ahora hay que ajustarse a una nueva realidad: las familias no tradicionales.
Una familia tradicional no sólo se trata de una madre o un padre soltero con sus hijos ni de un familiar que no sea el padre criando unos menores. En este grupo también se incluyen parejas del mismo sexo formando una familia.
Para el grueso de la población, esta familia puede ser aberrante y hasta pecaminosa; no obstante, la realidad es que más familias no tradicionales continúan surgiendo y más públicas se hacen estas uniones. Poniendo a un lado todo tipo de juicio valorativo sobre las familias no tradicionales compuestas de padres del mismo sexo, la realidad es que la probabilidad de interactuar con este tipo de familia va a aumentar. La gran pregunta es ¿cómo explicarle a un menor que viene de una familia tradicional la naturaleza de una familia no tradicional?
Si es complicado explicarle a un menor lo que es la homosexualidad, exponerle que dos homosexuales criando unos niños es una familia es casi imposible.
Parte de la complejidad proviene de las percepciones que se tienen sobre estas personas. Para satisfacer la curiosidad de los niños, ayuda tener claro que las personas se aceptan por lo que son y no por la forma en que viven y esa es una lección que debemos pasar a las generaciones que se van levantando.
Otro concepto que facilita explicar porqué el compañero de clases tiene dos papás es recalcar que una familia es aquella en la que dos adultos responsables cuidan de unos menores en un ambiente de amor y apoyo.
La parte de la sexualidad no es necesaria para satisfacer la curiosidad de un niño sobre una familia; esa es una preocupación de los adultos. No importa si una pareja -tradicional o no tradicional- adopta y forma una familia, la motivación es la misma: una decisión de amor.
La autora es psicóloga clínica.
